El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha desatado controversia al intentar modificar la asignación de los equipos básicos del sistema de salud mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC), utilizando una resolución como medio para ello.

Sin embargo, la Procuraduría ha advertido que esta acción excede las competencias del ministro. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los recursos de la UPC tienen una destinación específica que no puede ser alterada por decisiones administrativas, ya que estos fondos están reservados para los fines establecidos en la Constitución y la ley.

La Procuraduría ha subrayado que cualquier modificación en la composición, funcionamiento o asignación de recursos de los equipos básicos de salud debe llevarse a cabo mediante una ley aprobada por el Congreso, no a través de actos administrativos unilaterales. Además, se destaca que la resolución emitida para aumentar la UPC en el año 2024 careció de los principios básicos de publicidad en su proceso de elaboración.

Otro punto de crítica es la falta de inclusión de todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en el diálogo sobre la suficiencia de la UPC, lo que demuestra una falta de participación fundamental en la toma de decisiones que afectan al sistema de salud.

La Procuraduría también ha señalado que no se proporcionaron fundamentos jurídicos, técnicos y financieros adecuados para respaldar los cambios propuestos en la resolución.

Este enfrentamiento refleja un intento del ministro Jaramillo por realizar cambios profundos en el sistema de salud sin la aprobación de una reforma correspondiente. Además, este caso se vincula con la reciente intervención estatal en las EPS, anunciada por el presidente Gustavo Petro, lo que sugiere una tendencia hacia una mayor intervención del Estado en el sistema de salud.

*Con información de SEMANA.