La Defensoría del Pueblo emitió una denuncia sobre el hecho de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha instaurado un nuevo periodo de paro armado en el departamento de Chocó, a pesar de la existencia de un cese al fuego. Se ha generado preocupación por los posibles desplazamientos y confinamientos de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Aparentemente, la guerrilla ha impuesto restricciones en el municipio de Medio San Juan debido a los enfrentamientos en curso con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, en relación a las rutas del narcotráfico y el control territorial. El responsable de esta acción sería el frente de guerra occidental Omar Gómez. Esto fue comunicado por los miembros del ELN a través de un folleto difundido en redes sociales, el cual ha sido analizado por las autoridades y las entidades involucradas en la supervisión del cese de hostilidades.

Los insurgentes explicaron que han enfrentado a los hombres bajo el mando de alias Otoniel. Como resultado de estos enfrentamientos, habrían causado la muerte de cuatro de ellos y dejado a otros cuatro heridos. Además, en el área del Valle, se habrían enfrentado a disidencias de las Farc, resultando en dos fallecidos. A pesar del cese al fuego, el Ejército de Liberación Nacional habría indicado que las operaciones militares en colaboración con los paramilitares del Clan del Golfo, las disidencias y las Fuerzas Militares, continúan y se están intensificando, según habría expresado la misma organización desde Chocó.

En efecto, han ordenado la suspensión del tránsito de transporte sobre el río San Juan y sus afluentes. La guerrilla justifica estas medidas como una forma de salvaguardar a la población civil debido a los fuertes enfrentamientos que persisten en esa región del departamento.

En medio de esta situación de turbulencia que ha generado temor en las comunidades del municipio de Medio San Juan, la Defensoría del Pueblo ha recordado que las organizaciones que actúan fuera de la ley tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Hasta el momento, no se conocen los efectos causados por este paro armado. La entidad afirmó: «Estamos presentes en la subregión del Medio San Juan y estamos monitoreando la situación. Una vez que cesen las acciones y se nos permita ingresar a la zona, nuestro equipo verificará el respeto a los derechos».

*Con información de SEMANA.