En Colombia, se celebra la reducción de la tasa de desempleo al alcanzar un solo dígito, marcando un 9,6% en julio.

Sin embargo, los últimos datos del Dane revelan que gran parte de los empleos son precarios. De los 23 millones de trabajadores, 9,8 millones son trabajadores independientes, lo que incluye a personas como vendedores ambulantes cuyos ingresos apenas les permiten subsistir.

En este contexto, los subsidios se convierten en una opción para complementar sus ingresos y lograr una calidad de vida mínima. Pero surge la pregunta de cuánto se debe proporcionar en subsidios sin desincentivar el progreso económico de los beneficiarios.

Esta disyuntiva se refleja en los empleadores del país, que enfrentan dificultades para contratar empleados no calificados. Un ejecutivo de una pequeña empresa de servicios de limpieza menciona las complicaciones para encontrar este tipo de personal. Muchos de los posibles candidatos reciben subsidios que, sumados a trabajos informales a tiempo parcial y flexibles, les permiten ganar más que en empleos formales que pagan el salario mínimo. Esto ha generado preocupaciones en el sector empresarial.

A menudo se argumenta que la relación entre los subsidios y la falta de motivación para buscar empleo es una cuestión de percepción.

Sin embargo, el Banco de la República realizó un estudio que examinó el impacto de las transferencias durante la pandemia. El estudio se centró en ese período de crisis, cuando los subsidios se multiplicaron debido a las cuarentenas, dejando a muchas personas sin la capacidad de buscar trabajo. Los recursos destinados para ayudar a los necesitados aumentaron significativamente, pasando del 0,3% del PIB en 2019 al 1,3% en 2021. Esto se debió a la implementación de nuevos programas como Ingreso Solidario y la devolución del IVA a los hogares de bajos ingresos en la lista del Sisbén, además de los programas sociales habituales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.