El presidente Gustavo Petro tiene programada una comparecencia el próximo viernes 11 de agosto en la Corte Constitucional durante la mañana, donde responderá en una audiencia relacionada con su declaración de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira. Esta declaración fue recientemente emitida como respuesta a la prolongada crisis en esa región.

La audiencia, convocada por la Presidencia de la República, se llevará a cabo desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m. y estará presidida por la magistrada ponente Natalia Ángel Cabo. En ella participarán representantes de entidades gubernamentales, miembros de la sociedad civil y expertos en cambio climático. Durante este encuentro, el presidente Petro expondrá los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de emitir el Decreto 1085 de 2023 el pasado 2 de julio, mediante el cual declaró la emergencia por un período de 30 días en La Guajira.

Esta medida busca abordar la crisis en la región, que incluye escasez de agua potable, crisis alimentaria, efectos del cambio climático y problemas de infraestructura. El objetivo es garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía en La Guajira a través de diversas acciones, como financiamiento, comercialización, transporte, almacenamiento y titulación de tierras.

La audiencia en la Corte Constitucional se centrará en cuatro temas principales: el diagnóstico de la situación en La Guajira, los efectos del cambio climático en el departamento, las medidas para enfrentar estos efectos y la relación entre los estados de emergencia y la democracia en el contexto del cambio climático. También se analizará la influencia de las olas de calor generadas por el fenómeno de El Niño, que aumenta las temperaturas en ciertas áreas del país.

Además de brindarle al presidente Petro la oportunidad de explicar sus razones para emitir el decreto, la audiencia permitirá escuchar las opiniones de representantes gubernamentales, miembros de la sociedad civil y expertos en cambio climático y derecho constitucional. Cabe mencionar que el decreto ha generado controversia entre las diferentes ramas del poder público, incluida la Procuradora General Margarita Cabello, quien se declaró impedida para evaluar su constitucionalidad debido a un conflicto de interés en el caso.

*Con información de SEMANA.