El sector carbonero de Colombia, especialmente en Norte de Santander, recibió con alivio la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente varios apartados del Decreto 572 de 2025, norma que había incrementado las tarifas de retención y autorretención en la fuente para distintos sectores empresariales del país.

La medida judicial dejó sin efecto temporal los artículos 2 al 8 del decreto, luego de que el alto tribunal concluyera que el Gobierno Nacional no presentó argumentos suficientes ni estudios técnicos sólidos que justificaran el aumento tributario.

Desde que fue expedido el decreto, empresarios y gremios del carbón advirtieron sobre las consecuencias económicas que podría generar la medida, principalmente para las pequeñas y medianas empresas mineras.

El presidente ejecutivo de Federación Colombiana del Carbón, Carlos Cante, aseguró que la decisión del Consejo de Estado representa un alivio para la industria del carbón y el coque, sectores que venían alertando sobre el impacto financiero que ocasionaría el incremento de las retenciones.

Según explicó el dirigente gremial, el decreto amenazaba la liquidez y sostenibilidad de numerosas compañías productoras, particularmente en regiones como Norte de Santander, donde la minería enfrenta un panorama económico complejo y retos constantes relacionados con costos de operación y competitividad.

Dentro de los puntos analizados por el alto tribunal, se destacó el caso del artículo octavo del decreto, el cual establecía tarifas que, sumadas a otras cargas tributarias aplicadas al sector minero, superaban el límite legal permitido por el Estatuto Tributario.

De acuerdo con la decisión judicial, las retenciones para las actividades de extracción de hulla y otros minerales excedían el tope máximo del 4,5%, situación que generó cuestionamientos sobre la legalidad y proporcionalidad de la medida.

Para el gremio carbonero, el incremento representaba un tratamiento desigual frente a otros sectores económicos del país, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades productivas manejan una tasa promedio de autorretención cercana al 1,7%.

El sector advirtió que mantener vigente el decreto habría significado mayores dificultades financieras para cientos de empresas, especialmente aquellas de menor capacidad económica.

Fenalcarbón señaló que muchas compañías ya enfrentan condiciones adversas derivadas del comportamiento de los mercados internacionales, los altos costos logísticos y las exigencias tributarias existentes, por lo que un aumento adicional en las retenciones podría haber comprometido la estabilidad operativa y el mantenimiento del empleo.

Además, el gremio recordó que la industria carbonera ya aporta una carga tributaria superior a la tarifa general de renta, razón por la cual consideraba desproporcionada la nueva obligación establecida por el Gobierno.

Tras la suspensión provisional decretada por el Consejo de Estado, volvieron a aplicarse las tarifas y condiciones tributarias que regían antes de la expedición del Decreto 572 de 2025.

La decisión fue interpretada por el sector como un mensaje sobre la importancia de que las medidas fiscales estén sustentadas técnicamente y cuenten con estudios claros sobre su impacto económico.

Luego del fallo, Fenalcarbón reiteró la necesidad de que las políticas tributarias y económicas del país sean construidas mediante diálogo institucional, criterios técnicos y seguridad jurídica.

El gremio insistió en que sectores estratégicos como el carbón requieren condiciones estables que permitan proteger el empleo, mantener las exportaciones y preservar la competitividad de una actividad que sigue siendo clave para varias regiones productoras de Colombia, entre ellas Norte de Santander.

*Con información de: La opinión.