En Colombia, el ejercicio del derecho al voto continúa siendo un reto significativo para miles de ciudadanos con discapacidad, a pesar de los avances en accesibilidad que se han registrado en los últimos años. Para este grupo poblacional, las barreras que impiden una participación plena en el proceso democrático no siempre son visibles, pero sí persistentes. Estas dificultades van desde la falta de infraestructura adecuada hasta la insuficiencia de materiales y apoyos que realmente permitan votar de forma autónoma y digna.

La democracia no se define únicamente por la cantidad de votos depositados, sino por la posibilidad real de que todos los ciudadanos ejerzan su derecho en igualdad de condiciones. Para muchas personas con discapacidad física, sensorial o cognitiva, el camino hacia el cubículo electoral ha estado marcado por obstáculos tan elementales como la ausencia de rampas o la falta de orientación clara dentro de los puestos de votación.

Una de las voces más destacadas en esta conversación es la de Jeison Aristizábal, líder social nacido en el Distrito de Aguablanca, en Cali. A partir de su propia experiencia vital —convivir con parálisis cerebral y una malformación en la cadera—, Aristizábal ha transformado sus desafíos personales en una plataforma de cambio que trasciende fronteras. Reconocido internacionalmente por su labor en favor de jóvenes con discapacidad, ha trabajado incansablemente en programas de formación y educación, propiciando oportunidades que antes no existían para esta población.

Para Aristizábal, el voto es mucho más que un trámite: es un acto de responsabilidad y compromiso ciudadano. Su liderazgo implica educar y orientar a comunidades enteras sobre la importancia de estar informados para tomar decisiones políticas conscientes. La inclusión, según él, no se logra sólo con normas, sino con información, liderazgo y acompañamiento ético.

Otro testimonio que pone en evidencia los avances y retos del sistema electoral es el de Germán Ramírez, quien perdió la vista a los 40 años debido a una retinitis pigmentaria. Durante años dependió de otras personas para ejercer su derecho al voto. La implementación de tarjetas electorales en braille representó un cambio fundamental en su experiencia: “Eso da autonomía y dignidad”, afirma Ramírez. Sin embargo, también reconoce que el proceso puede ser más lento cuando hay muchos candidatos, algo que pone de relieve la necesidad de sistemas más eficientes y adaptados.

Ambos coinciden en que la inclusión no puede ser simbólica: debe sentirse en cada etapa del proceso electoral y en el respeto por la decisión individual de cada votante. La presencia de materiales accesibles, personal capacitado y espacios físicamente adaptados es fundamental para que las personas con discapacidad puedan participar sin depender de terceros.

No obstante, el desafío más complejo se presenta en el caso de las personas con discapacidad cognitiva, para quienes, aunque existen normas que permiten el acompañamiento de un familiar o persona de confianza, la delgada línea entre apoyo y sustitución de la voluntad exige una profunda reflexión ética. Aristizábal enfatiza que este es un aspecto que requiere respeto, prudencia y responsabilidad, pues proteger la voluntad individual es tan importante como facilitar el acceso físico a los puestos de votación.

La historia del voto accesible en Colombia muestra un avance gradual pero significativo. Desde la primera aparición de tarjetas en braille en 1994 hasta su consolidación como herramienta dentro del sistema electoral, el país ha recorrido un camino lleno de retos. En 2002, la falta de materiales adaptados llevó a procesos judiciales que terminaron en la Corte Constitucional, que reafirmó que el Estado debe garantizar el voto secreto y autónomo para todos. Desde entonces, la producción y distribución de tarjetas en braille ha sido una práctica que se ha ido integrando progresivamente en distintos comicios, aunque no sin tropiezos logísticos.

Colombia ha dado pasos importantes hacia una democracia más incluyente, pero los testimonios de personas como Aristizábal y Ramírez demuestran que aún falta camino por recorrer. La participación ciudadana plena no debe ser vista como un privilegio, sino como un derecho que implica la eliminación de barreras reales y concretas que permitan a todos votar con autonomía, dignidad y respeto.