En medio de tensiones con el sector privado y después de eventos controversiales, como la ausencia del presidente Gustavo Petro en la clausura del Congreso de la Andi y la postergación de un encuentro con el Consejo Gremial Nacional, el Gobierno decidió presentar silenciosamente una reforma laboral en el Congreso.

Este nuevo proyecto, que consta de 92 artículos (16 más que el original), incluye cambios notables en la forma de contratación y los pagos en la seguridad social.

En un intento por promover la estabilidad laboral y abordar el empleo informal, el Gobierno propone nuevas formas de contratación, como contratos de trabajo a término indefinido como norma general, y también introduce contratos de trabajo para empleo doméstico, labor en el sector agropecuario, formación laboral y vinculación de trabajadores a plataformas digitales de reparto.

Uno de los aspectos más destacados es la vinculación de trabajadores a plataformas digitales, donde se establecen dos tipos de relaciones: contratación independiente con contribuciones parciales a la seguridad social por parte de las plataformas y los trabajadores, y contratación dependiente si ambas partes están de acuerdo.

Aunque el proyecto incluye medidas para abordar la discriminación de género y ofrece avances, ha recibido críticas de expertos laborales y gremios. Se argumenta que la presentación careció de un enfoque tripartito, como se esperaba por parte de diversos sectores. Además, persisten preocupaciones sobre el aumento de los costos laborales y la rigurosidad de las normas, lo que podría obstaculizar la formalización del empleo.

Aunque la propuesta introduce novedades como el trabajo transnacional y la atención a las plataformas digitales, la presentación apresurada del proyecto ha generado inquietudes sobre la necesidad de un diálogo nacional y consenso para abordar los desafíos laborales de manera efectiva.

*Con información de SEMANA.