Colombia vive una nueva escalada de violencia en medio de los esfuerzos del Gobierno por consolidar su política de “paz total”. El Ministerio de Defensa confirmó que 34 militares fueron secuestrados en la zona rural de Guaviare, luego de una operación militar contra disidencias de las FARC. Los enfrentamientos dejaron un saldo de 11 insurgentes muertos, entre ellos un comandante de peso en la estructura armada, y posteriormente se registraron otros 10 fallecidos en choques adicionales.
El secuestro ocurrió cuando los uniformados se desplazaban de regreso a su base y fueron interceptados por hombres fuertemente armados que, tras reducirlos, los retuvieron contra su voluntad. De acuerdo con fuentes militares, los soldados fueron despojados de sus armas y equipos de comunicación, lo que dificultó el reporte inmediato de la situación. El hecho ha sido calificado como una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Expertos en seguridad advierten que este episodio refleja la fragilidad del proceso de desmovilización y la dificultad del Estado para ejercer control en zonas donde persisten economías ilícitas ligadas al narcotráfico y la minería ilegal. Los familiares de los militares exigen al Gobierno nacional acciones inmediatas para garantizar su liberación y seguridad. Por su parte, la comunidad internacional ha expresado preocupación por el recrudecimiento del conflicto, instando a retomar los diálogos que permitan reducir la violencia y proteger a la población civil.
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