Un fuerte atentado en Cali sacudió al país este jueves 21 de agosto. Un carro bomba explotó cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez, en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación, dejando al menos seis muertos y más de 50 heridos. La magnitud del ataque reabrió el debate sobre la posibilidad de declarar un estado de conmoción interior, una figura jurídica que otorga al Gobierno facultades extraordinarias frente a graves alteraciones del orden público.

El presidente Gustavo Petro calificó los hechos como actos de terrorismo y responsabilizó a disidencias de las FARC, particularmente al grupo EMC, liderado por alias Iván Mordisco. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ordenó el acuartelamiento de primer grado, militarización de la ciudad, restricciones vehiculares y ofreció una millonaria recompensa para capturar a los responsables.

Horas antes, en Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado por un dron cargado con explosivos, dejando al menos 12 uniformados muertos. El ataque, ocurrido en medio de labores de erradicación de cultivos ilícitos, encendió aún más las alarmas de seguridad nacional.

Los dos hechos han generado conmoción en Colombia, donde las palabras “qué pasó en Cali” y “atentado en Cali hoy” se convirtieron en tendencia. La población exige respuestas claras frente al aumento de atentados y al riesgo de nuevas bombas en Cali y otras regiones.

El país enfrenta un escenario crítico que mezcla incertidumbre política, temor ciudadano y la amenaza constante de los grupos armados ilegales.