El gobierno de Gustavo Petro está promoviendo un proyecto de reforma constitucional que busca establecer una política de paz total y otorgar al presidente facultades especiales transitorias.
Este proyecto consta de nueve artículos y permite al presidente otorgar perdón judicial, anulando condenas y sanciones, así como archivar investigaciones en curso, restableciendo los derechos políticos de los implicados. Estas facultades estarían vigentes por dos años y se ejercerían directamente por el presidente, sin necesidad de desarrollo legislativo.
El proyecto también establece la creación de un equipo jurídico para analizar los casos que podrían ser objeto de perdón, excluyendo delitos de lesa humanidad.
El presidente podría solicitar a la Jurisdicción Especial para la Paz la apertura de un macrocaso para investigar la supuesta vulneración de derechos políticos por una política de Estado.
Además, busca establecer la reparación y resarcimiento, exigiendo la devolución de fondos robados a la administración pública por actores políticos beneficiados con el perdón. Aquellos beneficiados deberían comprometerse a la no repetición, y aquellos que reincidan perderían los derechos adquiridos.
El proyecto también incluye la creación de un tribunal de cierre o de amnistía política para actores democráticos, con la misión de garantizar el perdón judicial en el marco de un gran acuerdo político nacional. Este texto se da a conocer mientras el Congreso se prepara para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.
*Con información de SEMANA.
