En su decisión del 7 de septiembre, la Corte Constitucional protegió los derechos de la oposición al Gobierno presidido por Gustavo Petro al revocar la sentencia del 6 de diciembre de 2022.
Esta sentencia previamente confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en relación con la acción de tutela presentada por el Partido Centro Democrático contra el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Hacienda fue negada por improcedente. Una de las principales razones de esta acción legal era que el Gobierno no proporcionaba los recursos necesarios para que la oposición pudiera ejercer su función.
En cambio, la Corte dictaminó que se debía proteger el derecho a la oposición política del Partido Centro Democrático de acuerdo con las condiciones establecidas en su decisión. También declaró que ya no había razón para seguir debatiendo el caso, ya que se había consumado el daño a los derechos de oposición política del Partido Centro Democrático desde el 24 de agosto de 2022 hasta la fecha de la decisión. Además, se solicitó a la Procuraduría General de la Nación que investigara si la conducta de los miembros del Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Hacienda y otras autoridades involucradas constituía una falta disciplinaria.
La Corte también ordenó al Consejo Nacional Electoral que asignara de inmediato espacios adicionales en medios de comunicación estatales y aquellos que utilizan el espacio electromagnético al Partido Centro Democrático.
En su fallo, la Corte dejó claro que esta decisión debía extenderse a otros partidos y movimientos políticos con reconocimiento legal en calidad de oposición. Los magistrados decidieron que las autoridades competentes, como el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Hacienda, debían tomar medidas administrativas y presupuestales para cumplir con esta sentencia de acuerdo con los artículos 112 de la Constitución Política y 13 de la Ley 1909 de 2018.
Además, se ordenó al Ministerio de Hacienda que incluyera en el proyecto de ley de presupuesto anual una desglose de las asignaciones presupuestales destinadas al cumplimiento de la Ley 1909 de 2018, con el objetivo de garantizar la transparencia en este proceso.
La acción de tutela presentada previamente destacó que las organizaciones políticas en oposición no habían tenido acceso a medios de comunicación en radio y televisión hasta la fecha, lo que constituía una vulneración de sus derechos fundamentales para ejercer la crítica frente al Gobierno del presidente Petro y para presentar y desarrollar alternativas políticas diferentes a las propuestas o implementadas por el Gobierno.
*Con información de SEMANA.
